El año pasado terminó -según datos oficiales- con
28.862 empleados públicos nuevos (+0,9%), una tasa de expansión mucho
más baja que la que registraba el kirchnerismo. Según el Gobierno, esas
nuevas contrataciones se dieron en provincias y municipios y no en la
administración central.
El sector público cerró el año con
3.153.561 empleados y en enero perdió unos 1000 trabajadores, si se toma
el dato mensual desestacionalizado (para evitar las distorsiones que
genera en estos meses el rubro Educación).
De acuerdo con los números que maneja el Ministerio de Trabajo, el empleo público entre 2014 y 2015 (último año de Cristina Kirchner como presidenta) creció a una tasa del 4,9%, mientras en 2016 lo hizo al 0,9%.
Pero esos números pueden desagregarse aun más. En la administración central (ministerios y organismos descentralizados) se expandió entre 2014 y 2015 a un ritmo del 5,1%, mientras que en 2016 decreció un 0,2%. En los mismos períodos, en las provincias las cifras fueron de +3,8% en la gestión de Cristina Kirchner y de +0,9% en la de Mauricio Macri.
Los números que menos variaron con relación al pasado, en tanto, están en los municipios. "Es el lugar más alejado del poder central", ironizó un importante funcionario del Ministerio de Trabajo. Allí, entre 2014 y 2015, el avance del empleo fue del 4,8%, mientras que un año después (en comparación con 2015) el alza fue del 2,4%. No obstante, estos datos son parciales, ya que un tercio de los municipios no informan al Gobierno sobre su política de personal.
Para el oficialismo, la política de empleo público será un factor clave, junto con los subsidios, a la hora de reducir el déficit fiscal, para lo que ya se fijó una meta del actual 4,8% del PBI al 2,2% en 2019, según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Tal reducción será fundamental, creen, para poder comenzar a pensar en una reforma tributaria, que el mismo funcionario prometió debatir en el Congreso en 2018, pero que presentará al Presidente este año. Para frenar el alza de la plantilla laboral en las provincias y municipios, el Gobierno ya trabaja con los gobernadores -la primera reunión fue en Mendoza- en una modificación de la ley de responsabilidad fiscal para septiembre.
Fuente: La Nación