En los próximos meses se están cumpliendo veinte años de la reforma de la Constitución Nacional, proceso que tuvo su correlato simultáneo en la Provincia de Buenos Aires.
Y también quedan deudas, la autonomía municipal es una de ellas. Consagrada en los artículos 5° y 123° de la Constitución Nacional, su mandato aún no ha sido ejecutado por la Provincia de Buenos Aires, que al momento de reformar la suya, no trató el viejo capítulo del régimen municipal de 1934.
La autonomía municipal en todos los órdenes: institucional, político, administrativo, económico y financiero, ha sido motivo de debates y propuestas que no pudieron concretarse en este tiempo.
Desde hace tres años el gobierno de Scioli viene planteando la necesidad de reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que es necesario en una norma de 1958 que ha tenido innumerables modificaciones y hoy debe modernizarse. Pero esto no atiende la cuestión de fondo, la necesaria reorganización territorial e institucional que falta.
No hay dudas que los gobiernos centrales, más lejanos a las preocupaciones de los ciudadanos, son más ineficientes para dar respuestas a sus problemas y satisfacer sus necesidades. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires, un extenso territorio de 300.000 km2 con grandes disparidades demográficas, económicas, sociales, de infraestructura y servicios, con un Estado lejano que llega débil o no llega a muchos lugares; con concentración de funciones y recursos y una enorme burocracia.
También es sabido que en el ámbito local es donde más se puede enriquecer la democracia, donde la proximidad entre gobernantes y vecinos facilitan la participación y el compromiso comunitario, como elementos sustanciales para promover el desarrollo.
Por eso propiciamos la descentralización de responsabilidades, de competencias y recursos. Para distribuir mejor el poder hoy tan concentrado en los niveles centrales de gobierno; para fomentar el ejercicio de ciudadanía contribuyendo a una mejor relación entre la política y la sociedad; para desarrollar las potencialidades económicas en cada territorio.
De tal forma que fortaleciendo los gobiernos locales, que hoy tienen restricciones y debilidades, se pueda favorecer la articulación entre el sector público y los actores económico-sociales en cada municipio, para que definan sus propias estrategias, planifiquen y ejecuten las políticas de desarrollo local y regional.
Gobiernos locales autónomos, regulados en su alcance y contenidos por la Provincia pero con poder para dictar sus propias normas y darse su propio gobierno e instituciones, constituirían un buen instrumento para cambiar el Estado.
En definitiva, cumplir con esta deuda les daría otro significado a la territorialidad y al Estado moderno y ágil que pretendemos, para promover el desarrollo y la cohesión social, brindar mejores servicios y condiciones de vida a las personas.
Orlando Costa