La demanda de alimentos en el mundo y las innovaciones tecnológicas
seguirán incrementando la producción agrícola. En la Argentina se estima
que las más de 100 millones de toneladas de granos producidas
actualmente por año, aumentarán a 130 en 2020.
Las prácticas agrícolas y la utilización de agroquímicos para
maximizar rendimientos y mejorar suelos, requieren mayor atención en
cuanto a su impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas.
Las formas de aplicación de estos productos son
motivo de preocupación y tarea legislativa, generalmente municipal, para
establecer distancias con los lugares poblados a fin de evitar riesgos.
Por otra parte, su creciente utilización produce unas 5700 toneladas anuales de envases vacíos usados con restos de sustancias químicas.
La falta de ordenamiento legal de su manejo y disposición final da
origen a que se abandonen y acumulen en predios rurales y otros sitios,
que sean quemados a cielo abierto, que se utilicen incorrectamente con
otros fines, y hasta incluso que material contaminado sea reciclado para
nuevos productos.
La gestión ambientalmente adecuada exige la existencia de una ley que
regule todo el ciclo de vida de los envases, desde su origen hasta la
disposición final o el reciclado para diversos usos como postes,
varillas, baldes, conos de señalización, etc.
En este sentido, el Senado de la Provincia de Buenas Aires dio media
sanción en 2013 a un proyecto de ley surgido por consenso, tomando como
base iniciativas de varios legisladores, procurando ordenar la actividad
y el control en todo el territorio provincial.
El mismo establece la responsabilidad extendida del productor en toda
la gestión de generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los envases puestos en el mercado.
El productor (fabricante, importador, comercializador) tiene la
obligación de recibir y retirar de circulación los envases usados y
presentar cada dos años un Plan de Gestión identificando los mecanismos
de recolección, transporte, almacenamiento, clasificación, reciclaje y
otras formas de valorización.
Los poseedores deberán afectar un sitio seguro para el almacenamiento
de envases usados y están obligados a devolverlos al productor con el
triple lavado o lavado a presión y perforado en el fondo del recipiente
según el procedimiento de la Norma IRAM 12.609.
Se establece la creación de un Registro de Productores y de Centros
de Almacenamiento Transitorio para recibir los envases lavados y
perforados y luego ser enviados a tratamiento y/o disposición final.
Se prohíbe el abandono, vertido, quema o enterramiento de envases
vacíos usados, como también su uso. Y se obliga a la Autoridad de
Aplicación a realizar campañas masivas de información sobre los riesgos
en el uso de envases que contengan agroquímicos.
En todo el proceso los municipios tienen un rol protagónico para
garantizar condiciones de seguridad y salubridad en la gestión y las
instalaciones.
Algunas provincias ya han legislado al respecto. Además la Cámara de
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) lleva adelante el Programa
Agrolimpio.
Es hora que la provincia más importante del país establezca en todo su territorio una gestión ambientalmente adecuada.
Orlando Costa